Este artículo ha sido escrito por Santiago Eraso
Apareció originalmente en ccesv/lab, y forma parte
del ciclo ¿Qué implica experimentar la ciudad? realizado de manera virtual
entre los meses de octubre y noviembre de 2020
en colaboración con la red de centros culturales de España de la AECID

Además de los propios cuerpos que habitamos (soma) y las subjetividades que nos atraviesan–Paul B. Preciado llama somateca a ese archivo biopolítico que nos determina en términos de clase, raza, diferencia de género o sexual – si hay un lugar (topos) donde la cultura también se constituye en elemento vertebrador de nuestra evolución y del desarrollo del tiempo histórico y su materialidad, ese es la ciudad. Sin ir más lejos, ahora mismo os hablo desde un pueblo de la costa malagueña, paradigma del turismo universal. Como sabréis Málaga, en términos relativos  a su dimensión, probablemente es la ciudad del mundo con más museos pensados casi exclusivamente para ser visitados solamente por turismos. Es evidente que esa identidad urbana predetermina los modos y las maneras de vivir de todos sus habitantes.  

Desde las míticas ágoras griegas o precolombinas hasta las actuales megalópolis africanas, pasando por las primeras ciudades medievales europeas y las coloniales hasta llegar a las industriales y las financieras, todas ellas son el espejo del régimen económico, la estructura social y las formas de vida que las han ido determinado. En su arqueología podemos descubrir las huellas de la democracia y su otra cara, las autocracias y  totalitarismos, el origen del comercio y su colofón el capitalismo, las luchas contra la acumulación de bienes comunales o contra la segregación de las mujeres, la historia de la expansión colonial junto al genocidio indígena, el esclavismo o el racismo, las políticas extractivistas de la naturaleza, pero también el surgimiento de las naciones modernas y el constitucionalismo, los procesos de liberación anticolonial, el sindicalismo, las luchas obreras y los movimientos ecologistas, los desobediencia civil, feministas, frentes de liberación de homosexuales y lesbianas y trans, en fin, la larga historia de los derechos humanos por la libertad, la igualdad y la fraternidad, construida con discontinuidades felices y trágicas. 

Todas esas luchas, siempre encarnadas en cuerpos que se van haciendo cargo de sus trozos de mundo y de sus vidas compartidas, han ido reconfigurando el derecho a habitar la tierra y sus ciudades mediante diferentes formas de presión globales, con cierto rasgos y objetivos comunes, pero también específicos con acciones siempre localizadas en experiencias situadas de todo el mundo. Ahora mismo, mientras hablo, recuerdo cuando, hace dos años, asistí en Media Lab Prado de Madrid al debate titulado Derecho a la ciudad/Derecho a otros imaginarios de lo urbano coordinado también por Grigri Project, en el que se remarcó la importancia de actuar localmente, a la vez que se activaban redes internacionales de cooperación. Entonces pudimos comprobar, a través de varios casos de estudio, la potencia de intervenir en contextos específicos, pero compartiendo preocupaciones comunes que nos afectan a todos. El día que asistí, escuchamos las experiencias de Ibrahima Wane de Dakar (Senegal), Monza Kane Limam de Nouakchott (Mauritania) e Itziar González de Barcelona (empeñada entonces y ahora, con dificultades, , en sacar adelante el plan de “rescate” de Las Ramblas, precisamente uno de los mejores ejemplos donde hemos podido comprobar, a lo largo de todos estos año, como la ciudad se ha convertido, a través del turismo y otras muchas formas de urbanismo especulativo, en otra materia prima de extracción de bienes públicos y acumulación por expropiación). En aquel encuentro, se volvió a constatar que, salvando las distancias y atendiendo a especificidades concretas, las ciudades son el espejo fiel del modelo global económico capitalista que gobierna el mundo y, en consecuencia, concluimos en que, para responder desde otros parámetros políticos y socioeconómicos deberíamos pensar y actuar teniendo muy presente que la vida de las personas de todas esas ciudades es también interdependiente y nos concierne a todos. De hecho una parte, cada vez mayor, vive y trabaja ya a nuestro lado, y su función política, su salud social y la sostenibilidad de sus vidas es responsabilidad mutua. No había más que escuchar hace unos días en estos mismos conversatorios a Ana Longoni, Directora de Actividades Públicas y el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía de Madrid, cuando nos describió algunas de las iniciativas desarrollas por la plataforma Museo situado con las comunidades populares de Lavapiés, el barrio donde se inscribe el museo, y que, a través de su colectividades migrantes, asiáticas, africanas y latinoamericanas, refleja de forma ejemplar las paradojas y contradicciones, intersticios, potencias y vacíos, de las ciudades, a través de los cuales el arte y la cultura pueden convertirse también en elementos simbólicos y expresivos que acompañan los largos procesos de la transformación social. Parafraseando a Jacques Rancière en El reparto de lo sensible. Estética y política, cuando nos dice que el arte debe dar cuenta de la parte sin parte, mediante la capacidad de incorporar a aquellos sectores anónimos haciendo visible el poder de sus ficciones, metáforas, historias y formas artísticas que interrumpen la realidad y redefinen el mapa de lo posible.  

Ahora bien, más allá de las buenas palabras, tal y como mencionaba el antropólogo y geógrafo Neil Smith, podríamos preguntarnos si, tal como humanamente nos conducimos en el planeta, ¿son posibles ciudades democráticas después del neoliberalismo globalizado? Porque ningún análisis prospectivo sobre la situación actual y el futuro de las ciudades debiera desligarse del sistema económico, las estructuras sociales y las relaciones interpersonales en las que, queramos o no, estamos inscritos; del mismo modo, que no podemos obviar cómo han actuado y qué responsabilidades tienen los estados y sus administraciones en la configuración de nuestras ciudades; en demasiadas ocasiones al servicio de las políticas más neoliberales.   

En aquella breve conversación, Itziar González me hablaba de las graves dificultades burocráticas y desidias políticas a las que su equipo multidisciplinar tenía que enfrentarse para intentar sacar adelante las reformas urbanísticas propuestas, y compartía conmigo la frustración que le generaba la lentitud de la toma de decisiones en las instancias políticas responsables. Sin embargo, a pesar de todo –continuó- «seguimos luchando con la colaboración de las comunidades de vecinos, sobre todo las más implicadas y los mas activos, el equipo intentaba avanzar sin caer presa del desánimo y la derrota definitiva».  

Para los que hemos trabajado siempre como servidores públicos en proyectos de la administración pública, convivir con la decepción ha sido el pan nuestro de cada día, pero tanto Itziar como yo coincidíamos en que, a pesar de las dificultades y fracasos, nunca había que dejar de intentarlo, porque con la presión popular, las potencias críticas y también el juego de poderes de la política, se podía avanzar en las reformas necesarias, aunque fuera más lentamente de lo necesario.

A pesar de la impotencia, el resultado final de una buena gestión, aunque sea lenta, depende en gran medida de la potencia que se desarrolla fuera de los aparatos del estado. Como subraya Miguel Benasayag en Política y situación. De la potencia al contrapoder un gestor administra (mejor o peor) la potencia; un rebelde la despliega, crea y lucha. Es decir, parafraseando a Amador Fernández Savater, se trataría de estar atentos a las potencias que crecen en la sociedad para no caer abatido por la melancolía del paradigma del gobierno que nunca termina de satisfacer. Rita Segato insiste en actuar desde lo que ella denomina el proyecto de los vínculos, que a su vez retoma el concepto movimiento de la sociedad de Aníbal Quijano. 

En aquella conversación me vino a la memoria la ciudad por proyectos, la consigna que Luc Boltanski y Eve Chiapello enunciaran en el año 2002 en su célebre El nuevo espíritu del capitalismo, donde se afirmaba que no había posibilidad del derecho a la ciudad sin tener en cuenta, en primer lugar y sobre todo – decían- la existencia de una crítica institucional tenaz e inventiva generada en  los movimientos sociales, que serían el embrión para ejercer una presión constante sobre los representantes políticos y sobre los funcionarios de alto nivel. Porque la condición de cualquier acción reformista depende también de la participación de funcionarios, políticos y gestores empresariales, lo suficientemente autónomos como para abrirse a cierto sentido común de la justicia y concluían diciendo que todos estos distintos actores son susceptibles de desempeñar un papel impulsor en la experimentación de nuevos dispositivos, de apoyar reformas y de poner su pragmatismo y su conocimiento al servicio del bien común.  

Reconozco que, según van pasando los años, ante la frustración que produce la poco capacidad que tienen los estados y los organismos internacionales para asumir reformas, cada día creo más en el principio de subsidiaridad que en su definición más amplia, dispone que un asunto podría ser resuelto por la autoridad más próxima al objeto del problema que se quiera resolver. Aunque su origen se inscribe en la teoría social católica que pone en el centro a la familia, también es una de las características del federalismo, la base organizativa del anarquismo, basado en la libre unión de las personas, comunidades o regiones, respetando el derecho a la diversidad.

De ahí mi cercanía con las políticas municipalistas o con las micropolíticas que tienen que ver con las acciones vecinales, las comunidades implicadas en las gestión de los barrios, la multitud de pequeñas y medianas experiencias que están ligadas a la construcción de dinámicas políticas y sociales de autodeterminación; incluso “contrapoderes” que, en cierta manera, escapan de procesos de captura estatal, siempre complicados porque, como ya he repetido, a veces deben hacerse con la complicidad de una parte de esas estructuras institucionales. En fin, plataformas de iniciativas ciudadanas de todo tipo, redes digitales de comunicación crítica, de participación, seguimiento y control de las instituciones, presupuestos participativos o nuevos planteamientos de revisión del sistema de representación tradicional como el “sorteo”, que ya ha tenido algunas aplicaciones locales e internacionales. 

Los movimientos sociales siempre han sido un permanente intento de reinvención institucional. No se reducen a pedir cosas, sino que son también instancias creadoras de nueva realidad, dice Alain Badiou en El despertar de la historia. Se podrían enumerar numerosas redes cooperativas de la economía social de cercanía (con nosotros está en este encuentro Diego Peris que es miembro activo del Proyecto Mares de economía social) que se piensan desde la producción y  distribución de bienes ecológicamente eficientes, que prevalece y produce contra la economía especulativa o contra la acumulación de beneficios mediante la explotación de consumidor*s y productor*s. También formas de organización que reactivan el sindicalismo, transformándolo de sus actuales derivas ensimismadas o corporativistas: el sindicato de inquilinas e inquilinos por el derecho a la vivienda digna y la modificación de la ley de arrendamiento, herederas de la PAH Plataformas de Afectados por la Hipotecas o de V de Vivienda, las mareas por los derechos de salud y educación públicas, el sindicato limpiadoras de hotel, denominadas las Kelly, el sindicato de Manteros y Lateros, que denuncia el racismo y la violencia institucional, la persecución del colectivo migrante y reclama la legalización de la venta ambulante; en fin, las organizaciones de precarios; respuestas colectivas en defensa de los espacios públicos y comunes y por el derecho a la ciudad para todos y todas: los centros sociales o los huertos urbanos y otro tipo de organizaciones como las librerías y editoriales independientes, asociaciones culturales y de artistas, pequeñas empresas dedicadas a la producción y distribución de comercio justo, cooperativas ecológicas de agricultores y de alimentación o de cuidados etc.. sólo por citar las más conocidas. Una extensa  red de experiencias, muchas veces silenciosas, a veces informales, que conforman un entramado de intersticios económicos y sociales por donde fluye la potencia afectica de otra posible ciudad.  

Todas estas iniciativas y proyectos tienen en común ser un motor de cambio social en el corazón de la ciudad y sus barrios. Su objetivo es conseguir mayores cotas de agencia y auto-gobierno en la definición y defensa de los derechos de quienes la habitan, de modo que la ciudad sea un bien común de todas y para todas. A veces, alineadas con programas municipales que también buscan el empoderamiento de la ciudadanía; otras, en antagonismo directo con la administración, este tipo de iniciativas nos dan pistas sobre algunos de los retos que plantea la defensa del derecho a la ciudad, sobre qué significa el derecho a la ciudad y qué condiciones deberían darse para lograr este derecho. 

Sin  ninguna duda, la actual crisis, derivada de la pandemia producida por la Covid19, sitúa de nuevo en el centro de nuestras vidas la oportunidad de activar otras políticas ecológicas, feministas y fraternales, que nos conduzcan a una transición económica mucha más justa con los desposeídos y desposeídos de la tierra. Algo parecido ocurrió durante la crisis financiero-inmobiliaria de principios de siglo, pero de bien poco sirvió. Entonces se llegó a proclamar con la boca pequeña la reforma del capitalismo, incluso la refundación de un nuevo comunismo democrático –de allí surgieron las sucesivas revuelta de las plazas públicas, la aparición de nuevas fuerzas políticas progresista-, mientras las fuerzas hegemónicas se reorganizaba y rearmaba -nunca mejor dicho- para seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. En poco tiempo volvimos a las andadas y en el sector cultural, que en este conservatorio nos concierne particularmente, tras los ajustes precisos, que afectaron más a unos que a otros la maquinaria volvió a reproducir el modelo anterior. No tengo duda de que esta vez no debiera ser así, pero he de reconocer que mi pesimismo se pega a mi ingenuidad. 

En el nuevo escenario que se nos presenta, al sistema del arte y la cultura no le convendría estar exentos de un análisis crítico respecto a su función social y educadora porque, precisamente en contra de esa misión, en demasiadas ocasiones ha funcionado con la misma lógica productivista, acelerada y consumista que la economía capitalista impone en nuestras vidas. Además, en una deriva poco comprensible de imitación, el sector público ha tendido a reproducir esas dinámicas, convirtiendo gran parte de la actividad cultural en valor de cambio, en lugar de fomentar su valor de uso accesible y universal, no necesariamente gratuito, aunque también cuando fuera pertinente. 

Cierto corporativismo del sector cultural –sobre todo las grandes promotoras de servicios-  en connivencia con los discursos de una gran parte de las instituciones, sigue insistiendo en que la preocupación principal del mundo del arte y la cultura es el mantenimiento de su industria, despreocupándose de la supervivencia de un ecosistema mucho más complejo que, además de mercancías, produce una vasta y profunda red de bienes comunes in-apropiables que, aunque se desarrollan en gran medida dentro de una economía de intercambio de servicios, es decir con trabajo remunerado – como en el sistema educativo o sanitario- no necesariamente se producen con fines estrictamente mercantiles o industriales y, desde luego, mucho menos especulativos o financieros.  

Estos días han vuelto a resurgir las críticas más radicales contra la inoperancia de las instituciones culturales que, para poder cubrir los ingentes gastos internos de su mantenimiento tras los sucesivos recortes, han ido reduciendo paulatinamente los recursos destinados a los creadores autónomos y a todas sus agencias de mediación. Y hemos escuchado la voz de cientos de trabajadores culturales preocupados por la situación de desamparo en la que se encuentran y por el incierto futuro laboral  que les espera. La mayoría son precarios y precarias que sostienen gran parte de los servicios –y muchas de las tareas de cuidados necesarios – y están estructuralmente fuera del sistema institucional protegido.

Alguien se preguntaba, ¿para qué queremos las instituciones si únicamente se sirven a sí mismas? Frente a esta posición nihilista, este puede ser un buen momento para volver a pensar (revolver) todo el sistema desde otros parámetros más justos para todas. 

No me cabe duda de que, ahora más que nunca, cierta contención ecológica debería atravesar la producción cultural, tanto en cantidad, pensando menos en acelerar la máquina productiva -la inflación de actividades es abrumadora- como en calidad, atendiendo mucho más a los aspectos reproductivos de la vida, con más cuidados mutuos y, sobre todo, menos precarización laboral. Menos concentración y masificación y más descentralización, más diseminación cuidadosa y respetuosa con la comunidad y el medio. Mucha más colaboración interinstitucional y menos competencia ensimismada. Para salir de esta crisis con dignidad y cierta justicia distributiva, más allá de otras medidas generales y universales como la renta básica, el pleno derecho al acceso a los servicios de salud, la educación, etc. Habrá que invertir los recursos de las instituciones culturales públicas mucho más y mejor en las personas y las redes de pequeñas y medianas asociaciones y empresas que proveen y trabajan en la producción de contenidos y, entre todas las partes implicadas (políticos responsables, instituciones titulares, equipos directivos, trabajadores y sindicatos, etc.), racionalizar y reorganizar la economía pública del sector. Sé que es muy complicado, pero esta vez el ajuste no se debiera hacer a costa del eslabón más débil, pero absolutamente necesario en la cadena de valor del sistema cultural. Me consta que muchos técnicos están en ello.